ISSN-L:3091-1893
10.63803
2026
Astrid Helen Contreras Cusi
254876@unsaac.edu.pe
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Cusco, Perú.
Rafael Fernando Vargas Salinas
rafael.vargas@unsaac.edu.pe
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Cusco, Perú.
VOL. 2, NÚM 1
Análisis multidimensional de la calidad del gasto público: una revisión
teórica
Multidimensional Analysis of the Quality of Public Spending: A Theoretical
Review
Gestión editorial
Fecha de recepción (Received): 24 de enero de 2026.
Fecha de aceptación (Accepted): 23 de febrero de 2026.
Fecha de publicación (Published online): 28 de febrero de 2026.
DOI: https://doi.org/10.63803/prisma.v2n1.10
Prisma Journal. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
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ISSN-L: 3091– 1893
DOI: 10.63803
Citar (APA7): Contreras Cusi, A. H., & Vargas Salinas, R. F. (2026). Análisis multidimensional de la calidad del gasto público:
Una revisión teórica. Prisma Journal, 2(1), 94–107. https://doi.org/10.63803/prisma.v2n1.10
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Análisis multidimensional de la calidad del gasto público: una revisión teórica
Multidimensional Analysis of the Quality of Public Spending: A Theoretical Review
Resumen
Palabras clave
El presupuesto público suele evaluarse por la ejecución del gasto, aunque su
objetivo es transformar recursos en bienes, servicios y resultados verificables. La
evidencia regional muestra que gastar más no asegura mejores outcomes sociales;
por ello, la eficiencia forma parte de la calidad fiscal: maximizar resultados con
recursos dados o minimizar costos para metas definidas, con equidad territorial y
sostenibilidad. El artículo presenta una revisión sobre criterios e instrumentos de
medición, destacando enfoques de frontera y el Análisis Envolvente de Datos
(DEA). Se organizan cuatro dimensiones: eficiencia asignativa, técnica u operativa,
económica y dinámica, con evaluación económica y desempeño. Se propone un
protocolo DEA aplicable a salud, educación y gobiernos subnacionales, con una
segunda etapa para identificar determinantes institucionales y territoriales. Se
plantean recomendaciones para gastar mejor: fortalecer el presupuesto por
resultados, estandarizar indicadores, focalizar asistencia técnica, introducir
incentivos de productividad fiscal y mejorar la gobernanza del ciclo del gasto.
• Calidad del gasto
• Eficiencia del gasto público
• DEA
• Frontera de eficiencia
• Presupuesto por resultados
• Gobiernos subnacionales
Abstract
Keywords
Public budgets are often evaluated based on expenditure execution, even though
their objective is to transform resources into verifiable goods, services, and results.
Regional evidence shows that spending more does not guarantee better social
outcomes; therefore, efficiency is a key component of fiscal quality: maximizing
results with given resources or minimizing costs for defined goals, with territorial
equity and sustainability. This article presents a review of measurement criteria and
instruments, highlighting cutting-edge approaches and Data Envelopment Analysis
(DEA). Four dimensions are organized: allocative, technical or operational,
economic, and dynamic efficiency, with economic evaluation and performance
analysis. A DEA protocol applicable to health, education, and subnational
governments is proposed, with a second stage to identify institutional and territorial
determinants. Recommendations for better spending are offered: strengthening
results-based budgeting, standardizing indicators, targeting technical assistance,
introducing fiscal productivity incentives, and improving the governance of the
expenditure cycle.
• Spending quality
• Public spending efficiency
• DEA
• Efficiency frontier
• Results-based budgeting
• Subnational governments
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Introducción
En el debate fiscal contemporáneo, la atención suele centrarse en los niveles de gasto, las reglas
macrofiscales, la disciplina presupuestaria y las tasas de ejecución, particularmente en contextos de
restricciones fiscales y presiones políticas por mostrar resultados inmediatos. Sin embargo, una
perspectiva moderna de calidad del gasto público exige desplazar el énfasis desde el cuánto se gasta
hacia el cómo se gasta y qué se obtiene con ese gasto (Afonso, Schuknecht & Tanzi, 2010; OECD,
2015). En la práctica, la ejecución presupuestaria se ha convertido en un indicador de desempeño
altamente visible, utilizado como proxy de eficiencia administrativa, a pesar de que este enfoque
ignora la productividad real del gasto y sus efectos sobre el bienestar (Herrera & Pang, 2005; World
Bank, 2016).
Este sesgo hacia la ejecución genera incentivos perversos que pueden deteriorar la calidad del gasto
público: primero, incentiva la priorización de partidas de rápido devengado en detrimento de
inversiones socialmente más productivas; segundo, promueve una gestión orientada al cierre contable
del año fiscal más que a la mejora sostenida de resultados; y tercero, facilita incrementos marginales
del gasto sin evidencia de retornos sociales o económicos (PEFA, 2016; Tanzi & Davoodi, 2000).
Según la literatura, mayores niveles de gasto no se traducen automáticamente en mejores resultados
sociales, educativos o sanitarios, ni en mayor crecimiento económico (Afonso & Kazemi, 2016;
Gupta & Verhoeven, 2001).
La evaluación rigurosa de la eficiencia del gasto público exige, por tanto, establecer un vínculo
explícito entre insumos (recursos fiscales, personal, capital físico, transferencias) y productos y
resultados (outputs y outcomes), como cobertura, calidad de servicios públicos y cambios verificables
en el bienestar (Afonso, Jalles & Venâncio, 2020; Herrera & Pang, 2005). En este marco, resulta
fundamental distinguir entre eficiencia asignativa, referida a la correcta orientación del gasto hacia
prioridades sociales y económicas, y eficiencia técnica u operativa, vinculada a la capacidad de
transformar recursos en resultados con el menor desperdicio posible (Musgrave y Musgrave, 1989;
Afonso et al., 2010). Una política pública puede ser efectiva sin ser eficiente si logra sus objetivos
con costos excesivos, pero no puede ser eficiente si no es mínimamente efectiva.
Desde esta perspectiva, la medición de la eficiencia cumple una función estratégica: identificar
brechas de desempeño respecto a mejores prácticas y orientar reformas que no dependen
exclusivamente de aumentos presupuestarios (OECD, 2015; World Bank, 2016). En contextos de
restricción fiscal, como los que enfrentan los gobiernos subnacionales, esta lógica resulta aún más
relevante, ya que la expansión del gasto encuentra límites macrofiscales, mientras que las demandas
sociales continúan creciendo.
El presente artículo desarrolla una revisión conceptual y metodológica de la eficiencia del gasto
público, con énfasis en los enfoques de frontera, particularmente el Análisis Envolvente de Datos
(DEA). El DEA es una técnica no paramétrica que permite estimar una frontera empírica de mejores
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prácticas y calcular puntajes de eficiencia relativa para unidades comparables, como gobiernos
regionales, municipalidades, hospitales o programas presupuestales, respondiendo preguntas
operativas clave: qué unidades producen más o mejores resultados con los mismos recursos, cuánto
podría reducirse el gasto sin afectar resultados o cuánto podrían incrementarse los outcomes con los
mismos insumos (Charnes, Cooper & Rhodes, 1978; Cooper, Seiford & Tone, 2007; Afonso et al.,
2020).
El objetivo de la investigación es construir una revisión teórica con componentes sistemáticos sobre
los criterios de eficiencia del gasto público y sus instrumentos de medición, integrando una tipología
conceptual de eficiencia (asignativa, técnica, económica y dinámica); sistematizando las principales
herramientas empíricas (evaluación económica, indicadores de desempeño y análisis de fronteras);
elaborando una matriz de literatura que identifique aportes, metodologías y vacíos; y proponiendo un
protocolo DEA aplicable a gobiernos subnacionales, articulado con recomendaciones de política
pública.
La contribución principal propone un marco integrador que permita transitar desde la lógica de
ejecución presupuestaria hacia un sistema de evaluación de productividad fiscal, resultados y equidad
territorial, contribuyendo así a la discusión contemporánea sobre calidad del gasto, sostenibilidad
fiscal y rendición de cuentas en el sector público (OECD, 2015; Afonso & Kazemi, 2016).
Metodología
Se desarrolló una revisión teórica de alcance (scoping review) con componentes sistemáticos,
apropiada para mapear un campo conceptual y empírico amplio y heterogéneo como el de la eficiencia
del gasto público. El enfoque de alcance se justificó por la multidimensionalidad del constructo
eficiencia, que integra tres tradiciones: la economía del bienestar (eficiencia asignativa), la teoría de
la producción y el análisis de fronteras (eficiencia técnica y económica) y la gestión financiera pública
orientada a resultados (value for money, desempeño y presupuesto por resultados) (Musgrave &
Musgrave, 1989; Afonso et al., 2010; OECD, 2015).
El componente sistemático se implementó mediante criterios explícitos de inclusión, una estrategia
de búsqueda por bloques temáticos y una síntesis reproducible basada en codificación temática y
matriz de literatura, siguiendo buenas prácticas para revisiones de alcance (Arksey & O’Malley, 2005;
Tricco et al., 2018). La búsqueda se estructuró en tres bloques complementarios. El primero reunió
literatura seminal y metodológica sobre medición de eficiencia y fronteras productivas, con énfasis
en DEA y SFA (Charnes et al., 1978; Aigner et al., 1977). El segundo integró marcos institucionales
y documentos técnicos sobre calidad del gasto, evaluación, desempeño y administración financiera
pública, priorizando OCDE, PEFA, Banco Mundial y BID (OECD, 2015; PEFA Secretariat, 2016;
World Bank, 2016). El tercero compiló evidencia empírica aplicada al gasto público en sectores
sociales y gobiernos subnacionales (Herrera & Pang, 2005; Afonso & Kazemi, 2016). Se utilizaron
palabras clave en español e inglés para cubrir la dimensión conceptual y aplicada, incluyendo calidad
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del gasto, public spending efficiency, public sector efficiency, DEA, FDH, SFA y performance
budgeting.
Se priorizó la integración de documentos del proyecto, complementados con referencias seminales y
marcos internacionales. Las fuentes se incluyeron si cumplían con: pertinencia temática; aporte
conceptual o metodológico explícito; y aplicabilidad al sector público y/o evidencia empírica. La
síntesis se ejecutó en cuatro etapas: (1) extracción y codificación de definiciones de eficiencia por
enfoque (asignativo, técnico/operativo, económico, dinámico e institucional); (2) clasificación de
metodologías en evaluación económica, indicadores/tableros de desempeño y enfoques de frontera
(DEA, FDH y SFA); (3) identificación de hallazgos recurrentes, como la débil relación entre mayor
gasto y mejores resultados, y mecanismos asociados a fragmentación, mala asignación y gobernanza;
y (4) elaboración de una matriz de literatura y derivación de una propuesta metodológica DEA,
especificando orientación, retornos a escala, selección de variables, fuentes de datos y estrategias de
robustez para orientar evaluaciones futuras y reformas presupuestarias nacionales.
Resultados
La revisión de la literatura confirma que la eficiencia del gasto público debe entenderse como un
sistema de evaluación multidimensional, y no como una métrica única asociada exclusivamente a la
ejecución presupuestaria o a la minimización de costos. En las últimas décadas, el concepto ha
evolucionado desde una visión estrecha de control del gasto hacia un enfoque que integra priorización
estratégica, productividad del gasto, costo-resultado, innovación institucional y rendición de cuentas
(Afonso, Schuknecht & Tanzi, 2010; OECD, 2015). En este marco, se propone una tipología
integrada en cuatro dimensiones, asignativa, técnica, económica y dinámica, complementada por un
componente institucional transversal que condiciona el desempeño global del sistema.
La eficiencia asignativa se refiere a la adecuación de la composición del gasto público respecto de los
objetivos sociales y económicos prioritarios. Un programa o entidad puede ser técnicamente eficiente,
es decir, producir servicios a bajo costo unitario, pero asignativamente ineficiente si concentra
recursos en funciones de bajo retorno social o baja prioridad frente a brechas persistentes, como salud
materno-infantil, aprendizaje o infraestructura básica (Musgrave & Musgrave, 1989; OECD, 2015).
En contextos de fuertes desigualdades territoriales, la eficiencia asignativa exige criterios explícitos
de priorización por brechas, focalización territorial y equidad horizontal y vertical, articulando
planeamiento, presupuesto e inversión con evidencia empírica de costos y resultados (World Bank,
2016).
La eficiencia técnica u operativa proviene de la teoría de la producción y se define como la capacidad
de producir el máximo de outputs y outcomes con un conjunto dado de insumos, o de minimizar
insumos para un nivel dado de resultados (Farrell, 1957; Charnes, Cooper & Rhodes, 1978). En el
sector público, las unidades de decisión pueden ser organizaciones (hospitales, escuelas), territorios
(municipios, regiones) o sistemas programáticos (programas presupuestales). Esta dimensión es
central para comparar la productividad del gasto entre unidades comparables, permitiendo identificar
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el potencial de mejora en términos de reducción de insumos o aumento de resultados (Afonso &
Kazemi, 2016).
La eficiencia económica (costo-resultado) integra la dimensión técnica con precios, costos y
restricciones presupuestarias, respondiendo a la pregunta de qué combinación de insumos y arreglos
de gestión produce los mejores resultados al menor costo social. En este ámbito se ubican los
instrumentos de evaluación económica, análisis costo-efectividad y costo-beneficio, ampliamente
utilizados para comparar intervenciones y orientar reasignaciones marginales de recursos (Boardman
et al., 2018; Drummond et al., 2015). En el sector público, donde la provisión se organiza a través de
programas, proyectos y servicios recurrentes, este criterio requiere estandarización de costos,
catálogos de prestaciones y trazabilidad de insumos a productos.
La eficiencia dinámica incorpora una perspectiva intertemporal, vinculada a la capacidad del sector
público para mejorar sostenidamente su desempeño mediante innovación, aprendizaje
organizacional, modernización de procesos, digitalización y adaptación tecnológica. En contextos de
restricción fiscal, la eficiencia dinámica es clave para sostener mejoras en servicios públicos sin
incrementos permanentes del gasto, a través de reformas en gestión por procesos, compras públicas
estratégicas y sistemas de información (OECD, 2019; World Bank, 2016).
Finalmente, el desempeño de todas estas dimensiones depende del ecosistema institucional de la
gestión del gasto público, que incluye reglas presupuestarias, integridad, rendición de cuentas,
sistemas de información, compras públicas, control interno y auditoría. Esta dimensión es
fundamental para interpretar los resultados de enfoques de frontera como el DEA, ya que puntajes
bajos de eficiencia pueden reflejar no solo ineficiencias técnicas, sino también fallas institucionales,
fragmentación organizacional o debilidades de gobernanza (Afonso et al., 2010; PEFA Secretariat,
2016).
Figura 1:
Dimensiones de la eficiencia del Gasto Público
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La revisión identifica tres familias complementarias de instrumentos de medición de la eficiencia del
gasto público: (i) evaluación económica, (ii) medición de desempeño y presupuestación por
resultados, y (iii) enfoques de frontera (DEA, FDH y SFA). La selección del instrumento adecuado
depende de la pregunta de investigación, la disponibilidad y calidad de los datos y el nivel de
agregación del análisis (país, región, municipio o establecimiento) (Afonso, Schuknecht & Tanzi,
2010; OECD, 2015).
La evaluación económica incluye principalmente el análisis costo-efectividad (ACE) y el análisis
costo-beneficio (ACB), los cuales permiten comparar alternativas de política o intervenciones
específicas en función de sus costos y resultados esperados (Drummond et al., 2015; Boardman et al.,
2018). Su principal fortaleza radica en vincular explícitamente recursos con impactos, facilitando la
priorización de intervenciones socialmente rentables. No obstante, estos métodos requieren
microdatos detallados, supuestos fuertes de atribución causal y, en el caso del ACB, la monetización
de beneficios, lo que limita su aplicación sistemática a gran escala en gobiernos subnacionales (World
Bank, 2016).
La medición de desempeño y los enfoques de presupuesto por resultados (PpR) o results-based
budgeting buscan reorientar el proceso presupuestario desde la asignación histórica por insumos hacia
la financiación vinculada a resultados y prioridades (OECD, 2015; Robinson, 2007). La evidencia
institucional muestra que estos instrumentos mejoran la transparencia, fortalecen el monitoreo de
insumos y resultados y promueven el uso de evidencia en la toma de decisiones (PEFA Secretariat,
2016; World Bank, 2016). Sin embargo, aunque permiten evaluar el cumplimiento de metas y la
focalización del gasto, no generan por sí mismos medidas comparables de productividad relativa ni
cuantifican brechas de eficiencia entre unidades de decisión (Afonso & Kazemi, 2016).
Los enfoques de frontera estiman una frontera de mejores prácticas y calculan la ineficiencia relativa
como la distancia de cada unidad respecto a dicha frontera. El Data Envelopment Analysis (DEA) es
un método no paramétrico que permite manejar múltiples inputs y outputs sin imponer una forma
funcional; el Free Disposal Hull (FDH) relaja el supuesto de convexidad; y el Stochastic Frontier
Analysis (SFA) es un enfoque paramétrico que separa ineficiencia de ruido estadístico bajo supuestos
distributivos (Charnes, Cooper & Rhodes, 1978; Deprins, Simar & Tulkens, 1984; Aigner, Lovell &
Schmidt, 1977). En aplicaciones al gasto público, DEA resulta especialmente útil para benchmarking
territorial y sectorial, cuando existen múltiples outputs y los precios no son observables o comparables
entre unidades (Afonso et al., 2020; Cooper, Seiford & Tone, 2007).
En su formulación clásica, el DEA construye una frontera empírica mediante programación lineal,
donde cada unidad de decisión (DMU) selecciona pesos endógenos para maximizar la razón de
outputs a inputs, sujeta a que ninguna DMU supere una eficiencia de uno con esos mismos pesos
(Charnes et al., 1978). El resultado es un puntaje de eficiencia técnica relativa (θ): θ=1 indica que la
DMU es eficiente y pertenece a la frontera, mientras que θ<1 refleja ineficiencia. En una orientación
a insumos (input-oriented), θ representa el factor proporcional por el cual podrían reducirse los
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insumos manteniendo los mismos outputs; en una orientación a outputs (output-oriented), indica la
expansión potencial de resultados con recursos dados (Cooper et al., 2007; Afonso et al., 2020).
El desempeño del DEA depende de decisiones de modelamiento clave. (a) Retornos a escala: el
modelo CRS asume proporcionalidad entre cambios en insumos y outputs, mientras que el modelo
VRS permite que el tamaño de la DMU afecte la eficiencia, lo cual es crítico en gobiernos
subnacionales heterogéneos (Banker, Charnes & Cooper, 1984). (b) Orientación: la orientación a
insumos es apropiada cuando la autoridad controla recursos y busca minimizar costos; la orientación
a outputs es preferible cuando el objetivo es maximizar resultados sociales con presupuestos dados
(Afonso & Kazemi, 2016). (c) Selección de variables: se recomienda parsimonia, comparabilidad y
evitar colinealidad extrema, priorizando inputs bajo control presupuestario y outputs/outcomes
relevantes para la función pública (Cooper et al., 2007). (d) Slacks y metas: además del puntaje radial,
DEA identifica excesos de insumos y déficits de outputs (slacks), útiles para fijar metas operativas
específicas por unidad.
Figura 2:
Instrumentos para medir la eficiencia del Gasto Público
Finalmente, para garantizar la robustez, la literatura recomienda análisis de sensibilidad, tratamiento
de outliers y, cuando es posible, procedimientos bootstrap para corregir sesgos y construir intervalos
de confianza (Simar & Wilson, 2007). En el sector público es además recomendable incorporar
variables ambientales (ruralidad, pobreza, dispersión, geografía) en una segunda etapa, con el fin de
distinguir ineficiencia de restricciones estructurales (Herrera & Pang, 2005; Afonso et al., 2020).
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La Tabla 1 sintetiza fuentes clave utilizadas en la revisión. Los vacíos identificados convergen en
cuatro frentes: (a) limitada integración entre medición de eficiencia (DEA/SFA) y decisiones
presupuestarias; (b) insuficiente tratamiento de heterogeneidad territorial e institucional; (c) desafíos
de medición de outcomes comparables (calidad y disponibilidad de datos); y (d) escasez de diseños
que conecten resultados DEA con instrumentos operativos de política pública (incentivos, asistencia
técnica, reasignación marginal) en contextos descentralizados.
El vacío principal es de traducción: existen instrumentos por resultados (PpR) y sistemas de
seguimiento de ejecución, pero la medición de eficiencia técnica a nivel de DMU (municipalidades,
redes de salud, hospitales) aún no se integra sistemáticamente al ciclo presupuestario, ni se usa como
insumo regular de asignaciones marginales, asistencia técnica o mejoras de gestión. Esto abre un
espacio claro para una propuesta de investigación aplicada, con potencial de impacto en la gestión
subnacional.
Tabla 1
Matriz de criterios de eficiencia en el gasto público
Definición de
eficiencia (enfoque)
Metodología /
Aporte
Hallazgos o
contribución
principal
Vacíos / limitaciones
Eficiencia técnica como
distancia a una frontera
de mejores prácticas.
Base conceptual de
medición de
eficiencia
productiva.
Formaliza la
frontera; fundamenta
DEA/SFA.
No aborda múltiples
outcomes públicos ni
instituciones.
Eficiencia técnica
relativa con múltiples
variables.
DEA (CCR):
programación lineal,
CRS.
Benchmarking sin
forma funcional;
múltiples outputs.
Sensibilidad a outliers;
selección de variables.
Eficiencia separada del
ruido estadístico.
SFA: frontera
estocástica
paramétrica.
Distingue ruido vs.
ineficiencia; útil con
medición
imperfecta.
Requiere supuestos
funcionales/distributivos.
Relación recursos–
outputs/outcomes;
asignativa vs. operativa.
Índices + frontera no
paramétrica (FDH).
Más gasto no
implica mejores
resultados; brechas
sectoriales.
Comparabilidad de
indicadores; agregación.
Desempeño del sector
público por unidad de
gasto.
Índices + DEA
(países).
Benchmarking
internacional y
productividad fiscal.
Heterogeneidad
institucional; endogeneidad.
Transformación de
recursos fiscales en
resultados.
Marco OCDE:
PSP/PSE + DEA.
Protocolo replicable;
CRS/VRS;
input/output.
Selección de outputs;
comparabilidad.
Eficiencia operacional
ligada a desempeño
PFM.
Marco institucional
de evaluación.
Evalúa presupuesto,
control,
transparencia.
No estima fronteras;
requiere métricas de
resultados.
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PFM como habilitador
de eficiencia y
efectividad.
Guía de evaluación
institucional.
Vincula instituciones
y desempeño fiscal.
No provee eficiencia técnica
directa.
Alineamiento
financiamiento–
desempeño.
Performance
Budgeting
Framework.
Guía para
presupuesto por
desempeño y
evaluación.
Riesgo de incentivos
perversos; capacidad.
Resultados sanitarios
por recursos; brechas de
eficiencia.
Síntesis; DEA y
análisis de costos.
Fuentes:
fragmentación,
gobernanza,
asignación.
Necesidad de microdatos
comparables.
Eficiencia/efectividad
vía PpR.
RBB/PpR aplicado a
salud.
Mejoras en
transparencia y
outcomes;
monitoreo.
Atribución causal;
sostenibilidad institucional.
Eficiencia del gasto
social y calidad del
gasto.
Revisión conceptual
(ALC).
Sistematiza
conceptos y
relevancia macro.
Mayor aplicación empírica
a Perú requerida.
Eficiencia técnica en
servicios municipales.
FDH/DEA
municipal;
benchmarking.
Potenciales mejoras
sin aumentar gasto.
Datos administrativos;
heterogeneidad.
A partir de la matriz, se desprende una conclusión clara y estructurada sobre el campo de la eficiencia
del gasto público: no existe una métrica única ni un enfoque suficiente por sí solo, sino un ecosistema
analítico donde los enfoques productivos, institucionales y presupuestarios deben articularse para
producir diagnósticos útiles para la política pública.
En primer lugar, la literatura fundacional, Farrell (1957), Charnes, Cooper y Rhodes (1978) y Aigner
et al. (1977), establece el núcleo técnico de la medición de eficiencia: la noción de frontera, la
posibilidad de comparar unidades heterogéneas y la distinción entre ineficiencia y ruido. Estos aportes
permiten responder la pregunta más elemental pero crítica: qué tan lejos se encuentra una unidad
pública (país, región, municipio, hospital) de las mejores prácticas observadas.
En segundo lugar, la literatura aplicada al sector público, Machado (2006), Afonso et al. (2005) y
Afonso & Kazemi (2016), demuestra empíricamente que más gasto no implica mejores resultados y
que existe una productividad fiscal altamente heterogénea entre países y sectores. Estos estudios
muestran que grandes márgenes de mejora son posibles sin aumentar el presupuesto, siempre que se
mejore la asignación, la gestión y la organización del gasto.
En tercer lugar, los marcos institucionales (PEFA, Banco Mundial, OCDE, BID) aportan la dimensión
operativa y de gobernanza: reglas presupuestarias, control interno, compras públicas, transparencia,
presupuestación por resultados y sistemas de información. Estos instrumentos explican por qué
algunas administraciones transforman mejor el gasto en servicios y resultados.
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Finalmente, la evidencia latinoamericana y subnacional (BID, Niño de Guzmán, Mesías et al.,
estudios para el Cusco) confirma que la eficiencia del gasto es operativamente relevante: mejores
resultados sanitarios, educativos y municipales pueden lograrse sin aumentar presupuestos, pero los
cuellos de botella se concentran en fragmentación, mala asignación, debilidades institucionales y
heterogeneidad territorial.
En conjunto, la tabla revela una conclusión central para esta investigación: la evaluación moderna del
gasto público requiere integrar tres capas: fronteras de eficiencia (DEA/SFA) para medir
productividad fiscal; marcos institucionales (PEFA, PpR, OCDE) para explicar el desempeño; y,
análisis territorial para capturar heterogeneidad y equidad. Este vacío de integración, medición
técnica, institucionalidad y enfoque subnacional, es precisamente el espacio donde se justifica y se
vuelve necesaria una investigación aplicada, orientada a cuantificar cuánta eficiencia se pierde, dónde
se pierde y qué reformas pueden recuperarla sin aumentar el gasto.
Discusión
La evidencia revisada converge en un mensaje central: el desempeño del sector público no depende
linealmente del nivel de gasto, sino de su calidad, asignación, productividad e institucionalidad. La
literatura empírica y los marcos de política pública indican que aumentos presupuestarios no
garantizan mejores niveles de bienestar si no se acompañan de gestión eficiente y orientación a
resultados (Afonso, Schuknecht & Tanzi, 2010; OECD, 2015; World Bank, 2016). En contextos
descentralizados, un sistema que premia solo la ejecución financiera puede inducir expansión de gasto
de bajo retorno, priorización de rubros de rápida devengación y fragmentación de intervenciones, sin
asegurar servicios de calidad ni resultados sostenibles (PEFA Secretariat, 2016; Robinson, 2007).
El Data Envelopment Analysis (DEA) ofrece ventajas para territorios con heterogeneidad
institucional. Permite comparar unidades relativamente homogéneas -municipalidades, redes de salud
o unidades educativas con carteras similares- e identificar referentes de mejores prácticas en la
frontera eficiente (Charnes, Cooper & Rhodes, 1978; Afonso & Kazemi, 2016). Genera métricas
interpretables: en un modelo input oriented, θ = 0.80 sugiere que la unidad podría reducir 20% de
insumos sin afectar outputs si adopta prácticas de sus referentes; en un modelo output oriented, el
mismo puntaje indica potencial de expandir resultados con recursos dados (Cooper, Seiford & Tone,
2007). Además, el DEA calcula metas específicas (targets) y holguras (slacks) por variable, lo que
facilita traducir la brecha de eficiencia en acciones operativas concretas de gestión y mejora continua.
Sin embargo, la literatura advierte riesgos si el DEA se aplica sin salvaguardas. Los puntajes son
sensibles a errores de medición, valores atípicos y selección de variables, y pueden capturar
ineficiencia real o condiciones estructurales no observadas (Herrera & Pang, 2005; Simar & Wilson,
2007). En consecuencia, un puntaje bajo no debe interpretarse automáticamente como mala gestión,
porque puede estar asociado a restricciones geográficas, dispersión poblacional o limitaciones de
capacidad estatal. Por ello se recomienda validar datos, tratar outliers, contrastar retornos a escala
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(CRS/VRS), realizar análisis de sensibilidad y aplicar bootstrap y segunda etapa con variables
ambientales e institucionales (Simar & Wilson, 2007; Afonso et al., 2020).
La propuesta de investigación basada en DEA se organiza en tres niveles. En el Nivel 1 se seleccionan
unidades y sectores con outputs y outcomes relativamente estandarizados y datos recurrentes, como
salud, educación básica y gobiernos locales, garantizando comparabilidad funcional (OECD, 2015;
World Bank, 2016). En el Nivel 2 se especifica el modelo: los inputs reflejan recursos bajo control
presupuestario y los outputs/outcomes capturan la función sustantiva del servicio. En salud, la
evidencia sugiere combinar coberturas y atenciones con resultados sanitarios; en educación, matrícula
y logros de aprendizaje; y en municipios, cobertura y continuidad de servicios básicos (BID, 2017).
Se recomienda parsimonia en variables para evitar pérdida de poder discriminante e inflación de
unidades eficientes (Cooper et al., 2007).
El Nivel 3 integra interpretación y validación. Se propone explicar la variación de eficiencia con
factores no discrecionales como ruralidad, pobreza, dispersión, geografía y calidad de la gestión
financiera pública, mediante Tobit o regresiones truncadas con corrección bootstrap (Herrera & Pang,
2005; Simar & Wilson, 2007). La triangulación con tableros del Presupuesto por Resultados y con
evaluaciones institucionales como PEFA ayuda a evitar lecturas punitivas y a contextualizar brechas
(PEFA Secretariat, 2016).
Conclusión
La evidencia sistematizada confirma que la eficiencia del gasto público es un constructo
esencialmente multidimensional, que integra criterios asignativos, técnicos, económicos y dinámicos,
y cuyo desempeño depende críticamente de la capacidad institucional que articula planificación,
presupuesto, ejecución y control (Afonso, Schuknecht & Tanzi, 2010; OECD, 2015). En economías
descentralizadas, donde la ejecución presupuestaria suele adquirir un peso desproporcionado como
indicador de desempeño, esta evidencia subraya la necesidad de complementar los instrumentos
vigentes con métricas de productividad fiscal y resultados, capaces de evaluar no solo cuánto se gasta,
sino qué se produce y qué se logra con ese gasto (World Bank, 2016; PEFA Secretariat, 2016).
La revisión confirma además que los enfoques de frontera, en particular el Data Envelopment
Analysis (DEA), constituyen una herramienta especialmente adecuada para medir la eficiencia
técnica relativa en el sector público, dada su flexibilidad para manejar múltiples insumos y outputs,
su capacidad para construir fronteras empíricas de mejores prácticas y su utilidad para el
benchmarking territorial y sectorial (Charnes, Cooper & Rhodes, 1978; Afonso & Kazemi, 2016;
Afonso, Jalles & Venâncio, 2020). No obstante, la literatura también es clara en que la aplicación del
DEA exige un protocolo metodológico riguroso -selección sistemática de variables, control de valores
atípicos, análisis de sensibilidad y, cuando sea posible, procedimientos Bootstrap- así como una
interpretación institucional que permita distinguir la ineficiencia técnica de las condiciones
estructurales y territoriales que enfrentan las unidades públicas (Simar & Wilson, 2007; Herrera &
Pang, 2005).
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A partir de estos hallazgos, se propone un programa integrado de investigación y política pública para
la medición de la eficiencia del gasto, estructurado en tres componentes. Primero, la estimación DEA
por sector y nivel de gobierno, con el fin de mapear brechas de eficiencia y potenciales de mejora
entre unidades comparables. Segundo, una segunda etapa explicativa, que incorpore factores
institucionales, territoriales y socioeconómicos para comprender las causas de la variación en
eficiencia. Tercero, la traducción de los resultados en instrumentos operativos de política pública,
incluyendo asistencia técnica focalizada, incentivos presupuestarios marginales basados en
productividad y resultados, mejoras en la presupuestación por desempeño y fortalecimiento de los
sistemas de información y trazabilidad del gasto (OECD, 2015; World Bank, 2016; PEFA Secretariat,
2016).
En conjunto, el enfoque propuesto contribuye a una agenda moderna de calidad fiscal, entendida
como la capacidad del Estado para orientar el presupuesto hacia resultados, elevar la productividad
del sector público y garantizar equidad territorial, de modo que el debate presupuestario se desplace
desde el gasto por el gasto hacia el gasto que produce bienestar social verificable y sostenible (Afonso
et al., 2010; OECD, 2015). Este marco resulta especialmente pertinente para gobiernos subnacionales,
donde las restricciones fiscales, la heterogeneidad territorial y las demandas sociales hacen
indispensable gastar mejor antes que gastar más.
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